Que un caso como el de Miguel Blesa, expresidente del consejo de administración de Caja Madrid, acabe tapado por el juicio al que está sometido el juez que enjuició su caso, es típico de este país tan bellotero.
Los que no vestimos toga para dirimir nuestras diferencias, no sabemos, ni imaginamos los intríngulis judiciales con que tienen que lidiar los encargados de impartir justicia, y casi es mejor callarnos, no sea que nos llamen demagogos, o algo peor.
Independientemente de los errores cometidos por el juez Elpidio Silva en su doble intento de meter entre rejas al señor Blesa, la petición de 30 años de inhabilitación por prevaricación que le pide la acusación resulta chocante. Y puede dar gracias porque la acusación particular del propio Blesa pide 40 años de inhabilitación. De la velocidad para encausarle que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo decir que es digna de encomio.
Que luego no diga nadie que en España no hay democracia. Se nota que los años, para el señor Blesa, no tienen el mismo valor que los euros que algunos de sus antiguos clientes han perdido bajo su presidencia en la entidad que hoy se conoce como Bankia. Si me intentas condenar a 20 años, te inhabilito por 40. A ver quién la tiene más larga.
Yo pensaba que los jueces del TSJM eran personas serias y formales, la toga para eso ayuda mucho, pero sabiendo cosas como esta, uno pierde la esperanza de poder ver un auténtico thriller judicial de los que hacen época, y tan solo espera acabar viendo un paripé entre competidores togados. Una versión judicializada de lo que ocurre en nuestros ruedos parlamentarios.
Política judicializada. Justicia politizada. Togas que dejan asomar carnets caducados de partidos. Políticos que dejan entrever por los puños de sus trajes togas raídas y rancias. Folclore político-judicial amenizado con subterfugios del código penal y programas electorales incumplidos.
No pasa nada, la veracidad se supone que es innata en la autoridad, ya sea esta, judicial, policial, política o empresarial. Y así nos va.
Tantos artículos penales, tantos decretos leyes aprobados por mayoría absoluta y absolutista, tantos códigos de buena conducta, acaban abrumando nuestras ignorantes cabezas para estas cuestiones de «realpolitik» que no entendemos, y se preocuparán de que jamás entendamos.
Dura lex sed lex, que los profanos en materia judicial, gracias a cosas como estas, acabamos entendiendo algo así como «con sed bebe en duralex».
